De los antecedentes legales consultados, en ese año los técnicos Aparejadores estaban agrupados en la denominada Asociación de Aparejadores de Canarias, formada en 1931, con sede en Santa Cruz de Tenerife, amparada en Ley de junio de 1887, y tutelada por el Gobierno Civil, quien aprobaba e inscribía sus Estatutos en el registro existente al efecto. Fue disuelta el año 1936.

En su entorno se creó, en 1934, la Asociación Provincial de Aparejadores de Las Palmas, integrada por los siguientes colegiados fundadores:

José Luis Martín Barbosa (Presidente) (periodo de mandato 1934-1940)
Juan Boissier Castellano
José Suárez Valido
José Díaz Falcón (Secretario)
Ildefonso Bello Perdomo
Antonio Falcón Santana
Antonio Auyanet Pérez
Emilio Veza Macías

La Orden del Ministerio de la Gobernación de 9 de mayo de 1940 creó los Colegios de Aparejadores, señalando en su artículo 20, que, se incorporarán como tales, todas las Asociaciones de Técnicos existentes con carácter profesional, (Aparejadores entre ellos) siendo tuteladas sus actividades por la Dirección General de Arquitectura, hasta que se integren en el adecuado sistema de unidad sindical”.

En consecuencia, a finales del 1.940 por Decreto del Gobierno de la Nación, la Asociación Provincial se incorpora al “Colegio de Aparejadores de Canarias”, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, bajo la presidencia de Alfonso de Zibikowski y Margarida ( fechas de mandato, 1940 a 1949).

Se añadía en el artículo 3º de la referida Orden que: “el ejercicio profesional de los Aparejadores dependerá de sus respectivos Colegios, a los que forzosamente habrán de pertenecer y sin cuya intervención, regulada desde la Dirección General de Arquitectura, no podrá realizarse actuación profesional alguna.

El 23 de junio de 1945, se aprueba el Reglamento de la Federación de Colegios Oficiales de Aparejadores ratificando ya la creación formal de los Colegios, y se legisla su denominación, jurisdicción, competencias y funciones, como antecedente inmediato a la creación de los Consejos Generales de ámbito nacional.

En el artículo 16 de dicho Reglamento se dice: “los Colegios Oficiales de Aparejadores, actuarán con carácter oficial y personalidad jurídica propia, quedando sujetos en su actuación a las disposiciones vigentes, añadiéndose en el artículo 17 que los Colegios Oficiales de Aparejadores quedan constituidos en todo el territorio de la nación, y enumera los 18 Colegios Oficiales de Aparejadores, entre los que se encuentran los de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

En marzo de 1950, el Consejo de la Federación ratificó la creación de nuevos Estatutos, y se procede a una nueva distribución, quedando constituidos 25 Colegios y numerosos Delegaciones, entre los que figura el Colegio de Las Palmas, presidido por Juan Francisco Caballero Moreno (mandato 1949-1955) con capitalidad en Las Palmas de Gran Canaria y con jurisdicción, además, sobre las posesiones españolas del Golfo de Guinea.

El reducido grupo de profesionales que posibilitaron y gestionaron la constitución y puesta en marcha del colegio, y los que han facilitado su progresivo desarrollo posterior, se ha incrementado, entre los años treinta y la actualidad.

En 1955 Se inicia otra nueva etapa de expansión para el Colegio con la llegada de la Junta de Gobierno presidida por Juan Boissier Castellano, quien estuvo en la presidencia hasta el año 1975, con Félix Cabrera Medina como Secretario, José Luis Hernández Díaz-Llanos como Tesorero, y Antonio Doreste Quevedo como Contador. Esta junta decide en 1959, dar el salto al edificio Humiaga, en la calle 1º de mayo.

En 1975 se incorpora al Colegio una nueva Junta presidida por José G. Montesdeoca. Entre otras actuaciones acometió en 1981 la compra del local y las obras de adaptación para nuestra actual sede, las cuales se acabaron e inauguraron en 1981.

En el año 1983 llegó a la Presidencia del colegio Emilio Veza Macías, que mantuvo la dinámica predominantemente administrativa, personalizada en el Gerente, abriendo campo hacia la formación postgrado. Durante su mandato se celebra en diciembre de 1984 el 50 Aniversario, Bodas de Oro, de la constitución del Colegio.

En junio de 1989 llega a la presidencia Manuel A. Santana Peña con quien se consolidó la presencia del Colegio en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, creando una delegación de Fuerteventura en 1990 y adquiriendo un nuevo local para la de Lanzarote, que ya era delegación.

Por incremento del número de colegiados y de visados profesionales, en el año 1996 los colegiados de la Delegación de Lanzarote solicitan separarse del Colegio de Las Palmas, y crear su propio Colegio. De Colegio de Las Palmas con 706 colegiados se pasó, con la salida de 88 colegiados de Lanzarote, a Colegio de Gran Canaria y Fuerteventura con 618 colegiados.

En el año 1997, en la llegada de Ulises Medina Hernández como Presidente, la administración se componía de 8 empleados y un asesor jurídico externo, número que en sus primeros cuatro años pasó a 10 personas, debido principalmente al gran aumento de trabajo y mayor complejidad originada por el desarrollo creciente de la construcción y asimismo por la necesidad de dotar a la organización de un asesor jurídico/administrativo interno.

Asimismo, se decidió remodelar en profundidad la sede colegial. El proyecto fue encargado a nuestros compañeros Arquitectos Técnicos Javier Fernández Gómez y José Riquelme Barrios Álvarez, coordinados por el Secretario de la Junta Julio A. Espinosa San José. La solución planteaba el uso predominante del cristal para conseguir que la delimitación por sectores apenas fuera apreciada, dando el aspecto de que se trata de un solo espacio, amplio y atractivo, llenando de luz natural todas las dependencias.

En este mandato, en el año 2003, los colegiados de la Delegación de Fuerteventura solicitan separarse y crear su propio Colegio , que se puso en marcha y consumó ese mismo año, pasando a la denominación actual de Colegio de Gran Canaria con 697 colegiados, y de Fuerteventura con 85.

En el año 2004 se adquiere un local anexo a la sede colegial con el fin de ampliar las instalaciones existentes, dotando al Colegio de un mayor espacio.

En junio del 2005, toma posesión otra Junta de Gobierno, con Julio Ángel Espinosa San José como Presidente. Se ejecutan las obras de ampliación y reforma de nuestra sede para unir el sótano con la finca adquirida y crear unos archivos y biblioteca en condiciones.

En el año 2008 llega la crisis económica general con la crisis inmobiliaria como bandera, y consecuentemente la de nuestro sector.

En junio de 2009 entró otra nueva junta de gobierno presidida por Manuel Cabrera Suárez, que tuvo que lidiar con un bajón descomunal de la actividad y de ingresos, con reducción de personal, y haciendo milagros para exprimir al máximo las inversiones muy poco retribuidas en la época.

El 22 de diciembre de 2009 se promulgó la llamada Ley Omnibus, que adaptaba diferentes leyes a la Ley sobre el libre acceso a las actividades y servicios y su ejercicio, que limitaba de forma radical los gastos colegiales por visados. y el 5 de agosto de 2010, el R.D. 1000/2010, que prácticamente eliminaba la obligatoriedad de visado de la mayoría de los trabajos profesionales, lo que supuso un duro golpe a la economía del colegio.

Fue una etapa muy dura que la Junta de Gobierno capeó como mejor pudo, haciendo todo lo posible para mantener vivo el colegio, lo que con no pocos esfuerzos,y sufrimiento consiguieron.

En 2017, y con la crisis del sector aún cabalgando, llega de nuevo a la Presidencia Manuel A. Santana Peña.

Cuando parecía que el sector estaba remontando progresivamente, los ingresos del colegio aumentaban lentamente, y las inversiones tenían un mejor panorama; aparece en 2020 la pandemia del Coronavirus, o Covid-19, que dio al traste con el remonte que se observaba del sector, paralizando todo durante tres meses, y encareciendo, por las dificultades de movilidad y por las restricciones sanitarias impuestas, los precios de transportes y materiales, creándose un cisma por las diferencias económicas entre los presupuestos adjudicados antes de la pandemia y los costes reales que resultaban de las obras, a raíz y como consecuencia de la misma.

La actividad colegial prácticamente se paralizó por un tiempo, y los ingresos por inversiones financieras si bien remontaron, no fueron suficientes para evitar los resultados negativos en los presupuestos colegiales.

Pasada la pandemia, el sector ha mejorado y el Colegio ha recuperado su ritmo paulatinamente.